Por una política traslúcida

Con su libro “Lógicas de corrupción” y su proyecto de software Transparencia Municipal, el politólogo cordobés Mariano Mosquera propone visibilizar el sistema que favorece la corrupción.

 

Durante el reinado del faraón Ramses IX, en el 1100 a. de C., el alcalde de Tebas occidental (actual Luxor) fue denunciado por negocios espurios con una banda de profanadores de tumbas. El proceso judicial no pudo encontrar pruebas en su contra y el intendente Paueraa fue declarado inocente con el mérito adicional de haber establecido una de las acusaciones de corrupción más antiguas de todos los tiempos. Su testimonio, que sobrevive hoy en el Papiro Abbott (exhibido en el British Museum de Londres), es la génesis de un fenómeno que sobrevivió durante siglos y florece en nuestro presente. Mariano Mosquera, doctor en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Córdoba y becario de la Universidad de Harvard, analiza en su libro Lógicas de la corrupción que la tarea no es señalar a tal o cual individuo por actos indebidos contra el patrimonio público, sino atender la estructura que lo permite. Asimismo, recuerda que los actores privados también pueden ser deshonestos y que los remedios contra la corrupción, además de leyes o mandatos éticos, pueden ser estrategias de transparencia y confianza.

A la doctrina escrita el autor suma una innovadora propuesta tecnológica que podría, con un software llamado Transparencia Municipal, romper con una herencia histórica que se remonta a la arena del Valle de los Reyes.

–¿Cuánto pesa la percepción de corrupción contra un candidato a la hora de votar?

–No creo que sea tan determinante hoy en nuestra cultura política. Creo que, si bien visualizamos que la percepción de la corrupción en la Argentina es alta, a la hora de votar hay otros valores que la ciudadanía considera más prioritarios que la honestidad, como la capacidad ejecutora. La famosa frase “roban pero hacen” sigue muy vigente. Yo estoy a favor de que el comportamiento íntegro del candidato esté en la lista de prioridades para el ciudadano, pero siempre y cuando tenga que ver con una percepción más cercana a la realidad que con una construcción vinculada a una agenda artificial que, en muchas casos, puede estar influida por medios de comunicación, denunciadores seriales o generalización de casos particulares.

– ¿Cómo se mide la corrupción?

–Una cosa es medir la corrupción por los casos que se denuncian, se prueban y terminan siendo sancionados tanto en el sector privado como en el público, y otra cosa es lo que difunde la ONG Trasparencia Internacional con su índice de percepción internacional de la corrupción, basado en consultar cuánta corrupción cree un entrevistado que hay en un país. Esto tiene muchas falencias: los índices de percepción no necesariamente coinciden con los de corrupción real. Es diferente preguntarle a una persona si cree que hay corrupción (índices que son altísimos en Argentina) que preguntarle cuántas veces recibió un soborno (índices que suelen ser menores). Creer que el otro es corrupto, por más que no lo sea, afecta la confianza y la cooperación en una sociedad. Muchas veces se utiliza la denuncia de corrupción como una estrategia política porque, también, es muy difícil de probar.

–¿Qué significa la utilización política de la corrupción?

–Generar una denuncia para anular el debate político. Al ser muy difícil de probar, uno puede tirar sobre la mesa una denuncia sin pruebas, lo que afecta la confianza pública sobre, por ejemplo, un actor político que está debatiendo sobre ciertos objetivos. La “denuncia maliciosa” es independiente de que después pueda probarse la inocencia de la persona denunciada porque ya es tarde; la percepción de corrupción en la sociedad quedó establecida.

–¿Qué papel tienen en una democracia los denunciadores seriales?

–Cuando las denuncias no se pueden probar, lo que se está generando es un crecimiento de la agenda y percepción de la corrupción que no tienen, necesariamente, correspondencia con los hechos reales, lo cual termina afectando los lazos de cooperación público-privada y ciudadanía-clase política. Por eso es clave que las instituciones de control sean las que puedan canalizar rápidamente una investigación y dar respuestas en tiempo y forma.

–¿Cómo se tipifica la corrupción?

–La corrupción se asocia, generalmente, al sector público y, rara vez, con el privado. Tenemos que empezar a ver los nexos entre ambos y hay que avanzar en el sector privado con referencias más firmes de control institucional. Hasta mediados de los ’90, en varios países de Europa estaba permitido deducir de los impuestos los sobornos que sus empresas pagaban en el Tercer Mundo porque era considerado un “costo extra”. El peso específico de la corrupción es enorme: casos como el fraude de la empresa energética Enron o la de telecomunicaciones WorldCom hicieron colapsar sectores enteros de la economía.

–¿Cómo funciona la aplicación informática Transparencia Municipal?

–Tiene que ver con varios supuestos. No sólo compromete al sector público, sino que también busca que se comprometa el sector privado en brindar información. Tiene más sentido en gobiernos municipales que carecen, a veces, de los recursos tecnológicos o humanos para difundir la información. Nuestra app trata de generar pactos de confianza y cooperación en los que las empresas puedan ponerse de acuerdo respecto de qué información es útil y que todas lo hagan por igual. Esto favorece, sobre todo, el acceso a la información pública activa, es decir, que los propios actores que manejan la información sean los que la abren a la ciudadanía.

–¿Por qué un gobierno corrupto pondría voluntariamente en riesgo sus negocios sometiéndose al control público?

–Es cierto que una de las principales características de la corrupción es el secreto. Pero, con la aplicación, tanto los gobiernos como las empresas podrían beneficiarse. Muchas veces en los municipios la relación de fuerza está invertida: un gobierno local podría verse beneficiado al comprometer a una empresa a difundir cierta información, como sus antecedentes, que de otra manera no haría. Respecto de las propias empresas, si todas hicieran pública la información, no habría pactos de corrupción de una de ellas en particular con el gobierno.

–¿Cómo lograron, por ejemplo, los países escandinavos, liderar el ranking de Transparencia Internacional?

–Lo vinculo con el caso chileno, que conozco bastante porque hice un posdoctorado en Flacso Chile estudiando el mecanismo de transparencia en compras públicas, llamado Chile Compra. Uno de los motivos que me llevó a ese país fue que los índices de percepción de la corrupción allá eran la mitad que en el resto de Latinoamérica. Algunos factores son las instituciones de control e innovación tecnológica, pero esos elementos también podrían encontrarse en países como Argentina. Sin embargo, hay uno, también presente en los países escandinavos, que es la profesionalización en la administración pública: cuadros profesionalizados, accesos por concurso y premios a la gestión y cumplimiento de objetivos. También es cierto que es más simple preocuparse por la calidad institucional en estados más pequeños.

–¿Cuáles fueron los políticos argentinos más y menos honestos de las últimas décadas?

–Sería difícil dar una referencia de honestidad individual. Tal vez sería más fácil pensar la corrupción como reglas de juego, es decir, diferenciar a los gobiernos que han generado mayores incentivos a prácticas corruptas. Sin duda, el gobierno de Carlos Menem en los ’90 fomentó la corrupción. El llamado enfoque de la “manzana podrida” explica que si la manzana podrida es separada del cajón no contagiará al resto del sistema, pero en realidad, lo que deberíamos ver es cómo el cajón facilita que otras manzanas se pudran.

–¿Y respecto de las empresas?

–Podría mencionar algunos casos testigos de empresas que se han preocupado por trabajar la ética y el cumplimiento. Nosotros tenemos en Córdoba a Arcor, que se ha preocupado mucho para trabajar participativamente códigos de ética, generar en la integridad un valor de reputación, etc. En general son empresas grandes y ahí hay un desafío: cómo llevar estas herramientas de ética a empresas más pequeñas que hoy lo ven más como un costo que como un beneficio.

–¿Es optimista o pesimista sobre un futuro de más transparencia en la Argentina?

–Soy muy optimista. Creo que ?la tecnología va a generar un salto cualitativo gigantesco, por ejemplo, con relación al paradigma de gobierno abierto. Esa referencia tecnológica va a empezar a generar climas de mayor confianza en la sociedad a la vez que reducir percepciones negativas de la corrupción. Tiene que haber también voluntad de la clase política para cortar la inercia administrativa. No podemos quedarnos con administraciones que funcionan como en el siglo XIX. Esto tiene que ver con liderazgos políticos que quieran ir hacia paradigmas realmente reflexivos sobre transparencia.

Perfil

Mariano Mosquera es doctor en Ciencia Política, por Edmond J. Safra Network Fellow de la Universidad de Harvard y becario posdoctoral de la Universidad Nacional de Córdoba.